Fecode y el magisterio están en contra del estatuto 1278, y en especial de la evaluación de competencias porque el Ministerio la utiliza como un colador, donde decide cuántos docentes pasarán, limitados por la capacidad presupuestal que asigna el gobierno para ascensos en el escalafón.
La última prueba registró anomalías en la entrega de los resultados. Aparecieron casi tres días después de la fecha estipulada. La página web presentó problemas técnicos y a la fecha aún hay docentes que no han podido consultar su puntaje. De ahí, precisamente la extensión del plazo.
Andrés Cubides Rodríguez, delegado del Comité de Capacitación Docente ante la Secretaría Distrital de Educación, reprocha que la prueba tiene en su contenido mayoría de preguntas que van dirigidas a profesionales que han tenido acceso a la docencia, es decir, que las preguntas no están siendo dirigidas a valorar la pedagogía sino a otros conocimientos. De ahí que los profesionales de la educación estén en desventaja.
Él recomienda: “deben procurarse los mayores aspectos de juicio en el sentido de hacer la crítica a la evaluación de competencias”.Para ello, al momento de los reclamos los docentes deben considerar elementos como que los tiempos para contestar los cuestionarios en algunas regiones no fue el suficiente. “Exponer todo aquel motivo que lleve a demostrar que la evaluación de competencias está direccionada en contravía de los intereses del magisterio”. En consecuencia, las críticas no sólo deben abarcar al Ministerio de Educación sino a la entidad que este contrata para realizar los exámenes.
Los maestros y maestras deben aprovechar esta oportunidad para manifestarse por la vía jurídica. Como el Estado se abroga el derecho de convocar la evaluación de competencias a su parecer. Pueden pasar años para que cite a un nuevo proceso de ascenso.
Cubides cierra: “La lucha es conseguir un estatuto único docente que recoja lo positivo del 2277 y derogue el 1278. Es uno de los cometidos principales de Fecode este año en sus negociaciones con la Comisión Tripartita. Para lo cual, es bueno recordar, debe tener en cuenta las propuestas de los sindicatos regionales y de la ADE, de manera que en lo posible el texto negociado con la Comisión quede en los mejores términos para nosotros los educadores”.
