Españoles protestan contra nueva ley educativa de Rajoy
Con el único apoyo del oficialista Partido Popular (PP), que impuso su mayoría absoluta, el Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves la séptima reforma de la enseñanza estatal en casi cuatro décadas de democracia.
Ese día, la Cámara baja dio luz verde de manera definitiva a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que recibió 182 votos a favor (todos del PP), 143 en contra y la abstención del diputado de Unión del Pueblo Navarro.
Convocada por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, la manifestación de este sábado recorrió el centro de Madrid, desde la Plaza de España hasta la confluencia de las calles Gran Vía y Alcalá, precisamente donde se encuentra la sede del Ministerio de Educación.
A la protesta de la citada plataforma, integrada por asociaciones de padres, sindicatos de profesores y estudiantes, se sumaron colectivos procedentes de todo el país bajo el lema "No a la Lomce, No a los recortes y No a las contrarreformas".
Esperamos visualizar con esta manifestación el puñetazo final sobre la mesa contra esta ley, afirmó el presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Jesús Sánchez.
Subrayó que las movilizaciones y huelgas protagonizadas por colectivos de padres, docentes y alumnos durante este curso y el anterior sirvieron para que cale hondo en la sociedad el repudio a la flamante normativa.
También para que los partidos de la oposición en las Cortes Generales (Parlamento bicameral español) se comprometan a derogarla cuando cambie la mayoría parlamentaria.
La Lomce nace muerta y confiamos en que no haya tiempo para su desarrollo, aseveró Sánchez, quien emplazó a la comunidad educativa, a las administraciones autonómicas e incluso a los editores de libros a no malgastar el tiempo en una reforma que durará poco.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE, principal de la oposición) confirmó que llevará esta norma ante el Tribunal Constitucional, en línea con los recursos anunciados ya por Cataluña, Andalucía, Asturias, Canarias y el País Vasco, regiones no gobernadas por el PP.
Convertiremos la implantación de esta legislación en un calvario jurídico para el Gobierno, advirtió hace unos días Francisco García, secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras, uno de los dos sindicatos mayoritarios de esta nación europea.
Entre los principales argumentos defendidos por la oposición contra la Lomce figura la falta de negociación y consenso en su tramitación, la violación de competencias de las comunidades autónomas o los ataques a la instrucción estatal.
En su opinión, la también conocida como Ley Wert -por el apellido del ministro de Educación José Ignacio Wert- es reaccionaria, segregadora, clasista, minusvalora la educación pública frente a la privada, no es laica y ampara la enseñanza diferenciada por sexos.
Escolares, maestros y familias reprocharon los cambios implantados por la administración de Rajoy, al considerar que son contrarios a la igualdad de oportunidades.
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