Barrenderos de Madrid cumplen su décima jornada de huelga
Las montañas de desperdicios seguían acumulándose este jueves en numerosas arterias de la capital española, sobre todo en zonas emblemáticas y muy concurridas por los turistas como la Puerta del Sol y las calles de Alcalá y Gran Vía, en pleno corazón de la ciudad.
Desde el lunes 5 de noviembre, los más de seis mil empleados de jardinería y limpieza viaria de esta urbe protestan por la supresión de unos mil 135 puestos de trabajo, además de los 350 ya eliminados en agosto, planteados por las empresas adjudicatarias de estos servicios.
Bolsas de plástico, botellas y residuos de todo tipo se acumularon en las aceras desde entonces, mientras los servicios mínimos han intentado llevar a cabo sus funciones en muchos casos acompañados por patrullas de la policía municipal.
El plan de ajuste, consecuencia de los duros recortes puestos en marcha por el gobierno conservador de Mariano Rajoy, incluye también una reducción de sueldos de hasta el 40 por ciento, según denunciaron las organizaciones sindicales.
Hasta el momento no se vislumbra una salida del conflicto, agravado después de que los sindicatos rechazaron una propuesta de los consorcios de reducir a 945 los despidos a cambio de cargar la diferencia en las remuneraciones a los empleados.
Muchos responsabilizan a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, esposa del expresidente del Gobierno José María Aznar, que llegó al cargo sin ser votada para reemplazar al entonces alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando fue nombrado por Rajoy ministro de Justicia.
Su gestión es cuestionada en otros terrenos y ahora ve cómo la reducción del presupuesto municipal de limpieza se vuelve en su contra.
Botella denunció la víspera "una huelga salvaje" y atribuyó la responsabilidad a las empresas subcontratadas, a las que acusó de incumplir con los servicios mínimos pese a que el consistorio puso escolta policial contra los piquetes.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento metropolitano, Jaime Lissavetzky, exigió la dimisión de la regidora por convertir Madrid en la capital de la basura como consecuencia de su incapacidad para gestionar la medida de fuerza.
La alcaldesa dio el miércoles un ultimátum de 48 horas a las partes enfrentadas para llegar a un acuerdo y acabar con la huelga.
De lo contrario, advirtió, el Ayuntamiento, a través de la empresa pública Tracsa, se hará cargo del servicio de barrido de calles y mantenimiento de jardines y repercutirá la cantidad correspondiente a las concesionarias.
Sobre ese anuncio, Lissavetzky señaló que optar por una compañía pública para solucionar temporalmente este conflicto es una manera de reconocer que la empresa privada no funciona.
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