{image}http://lh4.googleusercontent.com/-I4twYfQBsj0/UijpVrrdRTI/AAAAAAAACu8/Oqqeq66yMpg/s400/sistema_salud.jpg{/image}Desde el mismo día de su presentación, al proyecto de reforma a la salud le han llovido críticas según las cuales el cambio que se propone no es tan drástico como lo requeriría la estructura de salud actual ; por el contrario –aducen quienes se oponen al proyecto- éste propicia unas pequeñas trasformaciones estructurales inocuas y cambia algunos nombres, aunque en el fondo los principales problemas se queden sin resolver.

Para resolver algunas dudas y aclarar algunos conceptos, hablamos con María Alejandra Pérez, abogada del Tribunal Administrativo de Antioquia especialista en salud y dura crítica de la Reforma, quien dice que no solamente no soluciona ningún problema sino que además es nociva para el país.

Lo invitamos a leer esta entrevista para saber el porqué.

Es claro que la salud está en crisis. Para saberlo no hay que ver noticias: basta con necesitar un servicio médico para entender que las cosas no funcionan como deberían. Aún así exigir un cambio al sistema de salud puede parecer muy sencillo pero es una empresa de verdad complicada por su complejidad. En su opinión, ¿por qué es necesario reformar el sistema de salud?

-En primer lugar debo hacer una precisión: más allá de considerar que hay que reformar el sistema de salud, pienso que debe crearse un nuevo sistema de salud, que puede y debe incluir algunos elementos del sistema de salud actual, pero que no puede sostenerse bajo la misma estructura, ni con la participación de las mismas entidades; el problema del sistema actual es de base, de estructura, que aunque formalmente pueda ser considerada buena, en la realidad no funcionó. Precisado esto, puedo decir entonces que el sistema de salud debe ser reestructurado, en primer lugar porque no cumplió su objeto principal: mejorar la salud de los colombianos; además porque bajo su actual esquema se han desconocido los fundamentos constitucionales del país, se han malgastado, retenido y desviado los recursos de la salud, se han creado barreras económicas y sociales al acceso a los servicios de salud, se ha olvidado la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud y no se ha alcanzado la cobertura en salud para todos los colombianos.

Es claro que el sistema ha fracasado, y si es así, entonces la pregunta más bien sería, ¿por qué conservarlo?

¿Responde la reforma presentada por el gobierno a todas estas dificultades que plantea?

La respuesta es no. La reforma planteada por el gobierno puede, en principio, solucionar - o transformar - algunos problemas de la salud principalmente relacionados con la administración de los recursos, pero los problemas relacionados con el acceso a los servicios de salud, en condiciones de equidad, calidad y universalidad, no se solucionan. Más bien, los responsables en estos procesos cambian de nombre.

¿Entonces es una reforma inocua?

Contrario a lo que podría concluirse, pienso que esta reforma hace mucho daño, es más bien nociva. En primer lugar porque perpetúa los problemas actuales del sistema de salud, especialmente aquellos relacionados con la cobertura, calidad, oportunidad, equidad y acceso a los servicios de salud; si se aprueba esta reforma, la oportunidad para que la sociedad discuta y presente otras propuestas se perdería, por lo menos por varios años. Esto necesariamente lleva a concluir que esta reforma es absolutamente nociva para el país.

Pero no sólo perpetúa los problemas actuales, sino que además puede acentuar muchos de los problemas actuales, por ejemplo, aquellos relacionados con el acceso a los servicios en forma inequitativa, en primer lugar porque la calidad y cantidad de los servicios dependerá ya no sólo de un régimen - contributivo o subsidiado - sino en razón a la capacidad de pagar o no un seguro de medicina prepagada, seguros cuya contratación son claramente incentivados por esta reforma; en segundo lugar, porque la división por "áreas de gestión sanitaria" puede acentuar las diferencias regionales en términos de equidad -que ya hoy son abismales- entre uno y otra región, dependiendo de la capacidad de las gestoras y de su red de servicios.

Entonces, al contrario, la reforma es nociva; sin perjuicio de algunos cambios positivos que introduce.

Con las mayorías en el Congreso y la importancia que le ha dado el Presidente Santos al proyecto podríamos pensar que es cuestión de tiempo que la reforma sea un hecho -salvo una oposición ciudadana como la de los estudiantes o una movilización como la que frenó la reforma a la justicia-. ¿Qué cambios percibirá el colombiano de a pie con el nuevo panorama de la salud?

No es un muy buen augurio para la reforma, por lo menos en términos de tiempo, que los congresistas encargados de discutir en primer término la reforma (comisión séptima) no hayan asistido a la primera audiencia.


Independiente de esto, aprobada la reforma, hay que decir que los pacientes verían muy pocos cambios. En general, las reformas están direccionadas al manejo de los recursos, así que las primeras que verían los cambios son las EPS, puesto que ya no tendrían en sus manos el manejo directo de los recursos de la salud, y las IPS, puesto que con el cambio de administración de recursos se espera que haya más fluidez en el manejo de los mismos con el nuevo "Salud-mía", llegando el dinero de forma más rápida a los prestadores del servicio de salud.

Al contrario, el colombiano de a pie podría por ejemplo evidenciar que las EPS -ahora gestoras- disminuirían considerablemente en cantidad y su funcionamiento sería sólo en determinada región, y no como sucede actualmente que hay aproximadamente 65 EPS que pueden funcionar en cualquier región del país. Otro de los cambios para las personas es que en principio, sólo en principio, sus EPS (o gestoras) no serían las mismas que prestan el servicio y que dan el medicamento, como ocurre actualmente, prohibiéndose a las gestoras la denominada integración vertical, salvo para la prestación primaria de servicios. Los demás cambios son más bien nominales, el FOSYGA sería Salud-mía, las EPS serían gestoras y el POS sería Mi-Plan, porque finalmente quien sigue garantizando, gestionando, contratando y tramitando las prestaciones de salud es la gestora -hoy EPS-.

¿Cómo fiscalizará el estado el manejo de los recursos que entregue a las gestoras? (porque dicen los críticos que la reforma privatiza los recursos que entrega Salud-Mía a las antiguas EPS)

En primer lugar, el manejo de los recursos estaría en cabeza de Salud-mía y no en cabeza de las EPS, por lo que el control recaería en cabeza de Salud-mía, la cual, según el proyecto presentado, se crea como una unidad de gestión de naturaleza pública y financiera, adscrita al Ministerio de Salud; y su control en relación con sus actividades financieras estaría en cabeza de la Superintendencia Financiera, y en general, su control fiscal, por tratarse de recursos públicos, en cabeza de la Contraloría.

Respecto de las gestoras no habría el mismo control fiscal que existe actualmente porque ya no administrarían los recursos de la salud. Los críticos señalan la privatización de los recursos que entrega Salud-mía a las EPS porque los entrega como propios de su labor y no para la prestación o mejora de los servicios de salud.

¿Qué tanta libertad, o mejor, qué control tendrán las gestoras?

Toda la libertad. Lo que hay que entender es que ellas ya no manejaran los recursos de la salud, no van a recaudar las cotizaciones, ni a efectuar los pagos a las prestadoras; ellas simplemente van a gestionar, contratar una red de servicios con prestadoras, pero en principio no tendrán en sus manos ningún peso del sistema.

Lo que se les entrega es el pago por ser gestoras, es su remuneración por la labor que cumplen, y algunos incentivos si cumplen algunas metas. Es el pago por el rol q cumplen en el sistema. Si es su propia remuneración o su propio incentivo, ellas lo gastarán pagando su personal, cuentas, sacando sus utilidades, es decir como cualquier otra empresa, siempre dentro de los límites legales.

¿Pierden poder las EPS?

Claro que pierden, ya que en sus manos no van a estar los recursos y así se evitará que disminuyan la calidad en salud para disminuir costos y quedarse con un mayor margen de utilidad.

Eso significa una pérdida de poder considerable; pero como dije antes ello no quiere decir que se hayan solucionado todos los problemas del sistema, ya que se conserva la tramitología, las limitaciones de un plan de beneficios sin estudios epidemiológicos, redes de servicios insuficientes, copagos y cuotas moderadoras como barreras para algunas personas...

Pero aumentan los beneficios para las aseguradoras y la salud prepagada…

Claro, a las compañías de medicina prepagada (que pueden ser las mismas gestoras) se les entregará un valor por cada afiliado que decida contratar con ellas, valor que pasa a complementar el valor que actualmente cobran las compañías por estos seguros, debiendo, quien los contrata, cancelar sólo el excedente, de manera que hay un incentivo a que la gente contrate planes complementarios. Es por ahí en donde estará el negocio. La gestora estaría recibiendo un pago por cada persona afiliada para garantizarle el plan básico; igual que sucede actualmente, la EPS recibe un valor por cada afiliado para garantizarle el plan básico, con la diferencia que con la reforma, esta gestora pasará a garantizar además un plan complementario de medicina prepagada.

De manera que por ahí, las gestoras sí tendrán el ingreso y el manejo de recursos, de una manera muy similar a lo que sucede actualmente, sólo que bajo el nombre de "medicina prepagada".