{image}http://lh5.googleusercontent.com/-ru0Vvzf1ueU/UeAoMx7V6iI/AAAAAAAABbA/ez2jjU0GfsU/s500/noticias_economicas.jpg{/image}Desde la época de la colonia, guerras y conflictos violentos han sido una constante en nuestra historia. Con algunos períodos de relativa tranquilidad

, la era republicana ha transcurrido en permanente conflicto social y armado. Algunos historiadores, como el sociólogo y profesor honorario de la Universidad Nacional y de los Andes, Francisco Leal Buitrago, afirman que ello se debe a la dispersión geográfica y a la debilidad del Estado, así como a la incompetencia y la manipulación del poder por parte de los gobernantes. No obstante, desde el equipo de investigación de FENASIBANCOL a esta lectura hay que sumarle otros elementos: la inequidad social, la concentración de la riqueza, la precarización del trabajo, la socialización de la miseria, la generalizada corrupción en todos los niveles, la desatención estatal a los graves problemas de seguridad social y el desplazamiento económico y político son también factores generadores del insostenible conflicto.

Desde las épocas de Guadalupe Salcedo, aquel legendario guerrillero, el conflicto armado ha sido una constante en Colombia que ha desdibujado la categorización de la propiedad y la tenencia de la tierra. Cuando en 1950, el área de 1.141.000 Km2 del país lo habitaban cerca de 12 millones de personas, mayoritariamente en zonas rurales (dos tercios de la población), en 2012 la población se ha cuadruplicado y está concentrada mayoritariamente en los grandes centros urbanos, a consecuencia del destierro físico causado por los actores del degradado conflicto armado, que ha llevado a que millones de campesinos hoy deambulen sin atención u oportunidad alguna en las ciudades y cabeceras municipales del país.

La población hoy sufre las graves consecuencias de la acelerada explosión demográfica urbana porque ni el Gobierno central ni de las entidades territoriales ejecutan políticas que atiendan y le den solución de fondo a las necesidades crecientes de este vulnerable grupo poblacional. El desempleo, el “trabajo basura”, la precarización y achatamiento del ingreso real, la degradación en la calidad de la educación pública, las aterradoras falencias en el sistema de salud y seguridad social, el marchitamiento de la base productiva del país, la desmedida ambición de los banqueros, las crecientes políticas de ajuste estructural que se evidencian con el afán desenfrenado del Gobierno por implementar constantes y regresivas reformas fiscales que recae en los trabajadores y los sectores con menor capacidad de acumulación de la riqueza, así como las dañinas consecuencias del modelo económico impuesto deberían ser temas incluidos en cualquier agenda de diálogos que de verdad pretenda alcanzar o construir la paz.

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