{image}http://eldia.com.co/images/stories/030513/06.jpg{/image}Pido ayuda para que me identifiquen una nación democrática, una sola, que acepte como magistrado de alta corte a alguien con los siguientes antecedentes de vida: 1) asesorar a un amigo de Mancuso, extraditado por narcotráfico y confeso asesino de al menos 300 personas ; 2) ocultar sus ganancias de $500 millones y evadir el pago de los impuestos correspondientes; 3) relacionarse con una investigada que porta brazalete electrónico del Inpec e irse a celebrar con ella su elección; 4) haber sido denunciado por falsedad en documento privado, fraude procesal y abuso de confianza, delitos de los que se salvó de ser investigado por prescripción, no porque demostrara que era inocente; 5) haber sido imputado, es decir acusado, de falsedad material en documento público, agravada por el uso, y de estafa.

Ese personaje, libre hoy de sentencia judicial, otra vez por prescripción en el caso de la falsedad, y absuelto en el de estafa, y —se repite la historia— no por probar su inocencia sino porque el juez decidió que la estafa no era tal sino abuso de confianza y que ya era tarde para procesarlo por ésta, es el que representará la majestad de nuestra justicia. ¡Y es quien nos dirá, con sus fallos, cómo tenemos que actuar para respetar la Constitución y la ley! Alberto Rojas Ríos es indigno de portar la toga. Por eso me declaro, desde ahora, en desobediencia civil frente a sus decisiones, porque provendrán de un inmoral que no puede dictarnos cátedra de buena conducta. Una cosa es que la repartija del poder entre las tres ramas (la primera, que lo incluyó en la terna: el Consejo de Estado. La segunda, que lo eligió: el Senado. Y la tercera, que lo posesionará: el presidente) llegue a esta lujuria de cinismo, y otra, que acatemos lo que nos mande a hacer un sinvergüenza.

Rojas no ha dado argumentos creíbles para refutar lo que consta en el proceso en que quedó envuelto cuando una viuda y sus tres niños supieron que la plata que ganaron, producto de una indemnización del Estado ($116 millones del año 96), había sido cobrada por su apoderado, Rojas Ríos, quien nunca se la transfirió. En cambio, Noticias Uno reveló la historia con base en los centenares de folios —que pocos hemos leído— en que está la radiografía de lo acontecido. En el documento en que se le profirió resolución, se lee: “Debemos afirmar que... (Rojas) tenía interés en obtener el dinero que le había sido otorgado a la denunciante... siendo él, únicamente, quien desde el año 91 conocía la firma de la señora Marín, la que le firmó en blanco muchos papeles que el abogado le indicó... El despacho (contrario a lo que dice la defensa) sí encuentra maniobras engañosas...”.

El supuesto “poder especial” otorgado a Rojas por Isabel Marín y sus hijos fue autenticado en la Notaría 55 de Bogotá con estas observaciones judiciales: la firma de la señora Marín es falsa, de acuerdo a perito oficial; el poder está escrito a máquina, pero la fecha fue puesta a mano; la notaria que firma el documento no era la titular, y quien sí lo era no tenía permiso o licencia para ausentarse el día de la diligencia, dijo la Superintendencia de Notariado. Que no venga, pues, el señor magistrado a hablar de “complot político”. Pero como es un caradura, enredará la pita y, sin pagarle a la viuda un peso, se posesionará con la complicidad de unos medios, los consejeros, los 51 senadores y el presidente, que completará el acto inicuo. El expediente Rojas será, entonces, una muestra clásica de la putrefacción que corroe al país.

In memóriam. Guillermo Cortés, La Chivita, fue un ser maravilloso: generoso, valiente, inteligente y visionario. Un líder nato a quien todos le disculpábamos sus gruños por el afecto que nos prodigaba al mismo tiempo. Hasta luego. Descansa, mi viejo, mientras nos volvemos a encontrar.

 

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