{image}http://eldia.co/images/stories/logos/enstrabajodecente.jpg{/image}—No es serio y responsable afirmar que el Plan se ha cumplido—
—No han cambiado las políticas laborales, persisten preocupantes
situaciones de ataque a los sindicalistas—
—Es necesario realizar un balance público sobre el Plan de Acción, que permita mejorar su implementación—


El pasado 7 de abril se cumplió el primer año de la adopción del Plan de Acción sobre Derechos Laborales acordado entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Todos esperábamos, como debe ser en una sociedad democrática, que el gobierno colombiano presentará un balance completo y lo sometiera a discusión pública, sin embargo esto no ha ocurrido. Por el contrario, si se visita el sitio Web  dedicado a informar los avances de este plan, se puede notar una gran desactualización y dispersión de la información y la ausencia total de un balance, al tiempo que el gobierno colombiano difunde informes parciales y comunicaciones en Estados Unidos, donde se afirma, sin mayor sustento , que Colombia ha cumplido con los compromisos del Plan de Acción Laboral.

No es serio y responsable con el país y con los trabajadores afirmar que el plan se ha cumplido. Como lo vamos a demostrar en este balance, el gobierno colombiano no ha adoptado todas las medidas a las que se comprometió. De las 37 medidas que contiene el plan de acción, al menos 9 no se han adoptado, y de las 28 que se han adoptado, varias se pueden calificar como parciales e insuficientes. Hay que reconocer que el gobierno adopto medidas importantes, como la creación del Ministerio del Trabajo, el aumento de fiscales e investigadores para los casos de violencia contra sindicalistas, y adoptó normas para controlar la intermediación ilegal realizada por cooperativas de trabajo asociado; sin embargo, en su conjunto estas medidas no logran producir cambios en la realidad laboral. Se han cumplido algunos aspectos formales, pero su implementación cuenta con grandes dificultades. La informalidad, la precariedad laboral, las prácticas antisindicales, no han cedido, y las cifras del déficit de trabajo decente no cambian.

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