A finales del 2017, el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1874 que originalmente pretendía independizar la clase de Historia del área de Ciencias Sociales en los colegios, como lo había establecido la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). Al final, la versión firmada no separó la asignatura del área, pero buscó unificar los contenidos que se deben enseñar (definidos por una comisión asesora integrada por historiadores), fijando como objetivos fortalecer la identidad nacional reconociendo nuestra diversidad étnica y cultural, y promover una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y a la paz.
El debate sobre la enseñanza de la historia se viene dando desde que la Ley 115 buscó que el proceso enseñanza-aprendizaje dejara de basarse en la transmisión de contenidos y se convirtiera en uno donde los estudiantes adquirieran habilidades y competencias. De esa correcta transformación, tal vez la única asignatura que se vio perjudicada fue la de Historia, porque al empaquetarse dentro del área de Ciencias Sociales, no se volvieron a enseñar contenidos, y la clase de Historia que alcanzamos a tener los que fuimos al colegio antes de 1994 desapareció del currículo.
Las consecuencias de esta transformación no fueron buenas. Da Vinci decía que no se puede amar lo que no se conoce, y lo cierto es que los jóvenes no pueden ser críticos ni transformadores de su contexto si desconocen los sucesos sociopolíticos que anteceden a nuestros días. Enseñar y aprender la historia de Colombia cobra más vigencia que nunca. En un contexto de guerra siempre hay una versión oficial y quien la cuestiona suele ser tildado de enemigo. Gracias a la paz, la crónica de la violencia de nuestro país deja de ser teórica, porque cuenta hoy con las voces de quienes la sufrieron directamente. Hechos que antes no se podían narrar. Una oportunidad única para conocer la historia, para saber interpretarla y así poder empezar a construir el nuevo capítulo que nos incluya a todos. Si no aprovechamos, volverán a ser sólo unos los dueños de nuestra historia.
Justamente en esto radica la pelea entre Santos y Uribe, en apropiarse de ella. Cada cual quiere pasar a la historia como el salvador del país. Como si no hubiera espacio para los dos, se niegan a reconocer que sus logros y desaciertos están completamente entrelazados. Por esta batalla sobre la propiedad de la historia que nos pertenece a todos, ahora se busca instrumentalizar el Centro de Memoria Histórica nombrando como director a alguien que niega la existencia misma del conflicto, deja sin presupuesto a la Comisión de la Verdad, desacredita instancias como la Justicia Especial para la Paz (JEP) y amedrenta a sus protagonistas (civiles, militares, guerrilleros, víctimas y victimarios), que son quienes nos permitirán, por primera vez en mucho tiempo, conocer más allá de la historia oficial y acercarnos a la verdad.
Es imperativo definir qué y cómo se enseña la historia de Colombia y del mundo. Si no lo hacemos, los “dueños” de la verdad seguirán siendo unos pocos y seguiremos viviendo en el país bajo sus condiciones. Y lo más triste, no se consolidará la paz, no cesará la violencia y no pararán de amenazar y asesinar a todos aquellos dispuestos a contarnos lo que realmente sucedió.
