Los maestros profesionales no licenciados que fueron posesionados en 2016 y que venían de la convocatoria 2012-2013 se encuentran en una situación de inseguridad jurídica frente a la inscripción en el escalafón docente y nombramiento en propiedad.

Básicamente, la Secretaría de Educación del Distrito y la Comisión Nacional del Servicio Civil han venido expidiendo actos administrativos que dificultan su inscripción al escalafón docente.

“Fuimos posesionados con las normas del decreto 1075 de 2015. Señalaban que teníamos un año después del periodo de prueba para acreditar el requisito pedagógico; el cual consta de un programa de formación pedagógica con una duración aproximada de un año o estar inscrito en un posgrado en educación”, comentó Camilo Alfonzo Leal, docente del Colegio Instituto Técnico Internacional de Fontibón y uno de los afectados.

De acuerdo a esa norma, tenían hasta finales del 2017 para entregar tal acreditación. Pero el Ministerio expidió en junio de 2016 el decreto 915, donde modificó los términos de superación de prueba para los profesionales no licenciados y acortó los plazos en un año. Por tal razón, debían presentar a más tardar en enero de 2017 la acreditación, pues terminaba el periodo de prueba.

“Entramos en una etapa de inseguridad jurídica, de la cual nunca fuimos notificados. Todo lo contrario, el Ministerio expidió una circular en diciembre de 2016, señalando que a nosotros, los profesionales no licenciados y los docentes en general, no nos aplicaba el 915 si estuvimos en la convocatoria de 2012-2013; solamente aplicaba para las convocatorias posteriores a la expedición del 915”, cuenta el profesor Leal. Es decir, tenían otra vez el tiempo inicial para presentar los requisitos.

Sin embargo, en febrero de 2017, la CNSC emitió otra circular donde señaló que sí les aplicaba el 915. Ahora la SED no les acepta los documentos, porque insiste en que debían entregar los certificados en enero de 2017.

Por esta situación, un grupo de docentes en Bogotá vienen siendo perjudicados. Un primer caso, reúne a los educadores que finalizaron el curso en enero, pero llevaron el documento en febrero y la Secretaría les niega el ingreso al escalafón. Un segundo grupo, aquellos que iniciaron el posgrado y no entregaron el certificado para ese mismo mes.

Actualmente, se han reunido, convocan a más educadores y educadoras, adelantan una identificación de cuántos docentes están afectados por esta situación para adelantar una lucha conjunta por sus derechos.

Al respecto, el profesor Leal le exige a la Secretaría que “primero, revise la Constitución Política de Colombia porque a nosotros no nos podían modificar los términos de la convocatoria a mitad de camino; no tiene sentido que usted se inscriba con unas normas y a mitad de camino las modifiquen para hacerle imposible superar el periodo de prueba”.

Segundo, hace un llamado a que no vulnere los derechos al debido proceso y al trabajo que tienen estos docentes. Detrás estaría la conocida regla fiscal, puesto que el decreto está dirigido a los docentes ya inscritos en escalafón, que estaban que venían ejerciendo un posgrado y al final del 2017 podían ascender.