Debido a la alta población en la UPZ 55 y la falta de instituciones educativas, la IED Diana Turbay, en la localidad Rafael Uribe Uribe es el principal colegio de la zona. Sin embargo, la Secretaría de Educación pretende ‘mudarla’ mientras realiza arreglos.
Carlos León es habitante del barrio Diana Turbay en Bogotá hace 35 años y es padre de familia. Él contó con detalles la situación que se está registrando. El colegio Diana Turbay consta de dos sedes; una de ellas queda un salón comunal, que es la sede c.
“Tiene una problemática grande que es mucha demanda de estudiantes. Sin embargo, la Secretaría de Educación todos los días en un promedio de 18 buses se lleva a nuestros niños a colegios de las UPZ 36 y 39, para llenar allá las aulas y disfrazar la necesidad que tenemos aquí de la construcción de colegios”.
Hace unos 15 días aproximadamente, la rectora informó que para la sede A de la IED, el Distrito decidió a través de la Secretaría de Educación ampliarla y demolerla en su totalidad, con una inversión que ronda los 19 mil millones de pesos; así, implementar la jornada única y que a futuro haya más cobertura.
Sin embargo, dice Carlos León, “nosotros los padres de familia no estamos en desacuerdo con la construcción, sino con el trasteo de nuestros niños a la sede de la Universidad Antonio Nariño, ubicada en la calle 22 Sur con carrera 14, porque no brinda las condiciones que se necesitan para la educación. Además creará detrimento público por los recursos destinados para unas rutas. No queremos que nuestros niños sean trasteados de la noche a la mañana”.
Los padres ya visitaron las instalaciones de infraestructura de la sede Antonio Nariño. Constataron que no son lo suficientemente grandes para la cantidad de estudiantes, por ello, terminarán hacinados.
Los padres tampoco estarían de acuerdo con la jornada única en el colegio que proyecta la SED con la construcción, porque consideran con las jornadas mañana y tarde se puede cubrir mayor demanda. Así mismo, la rechazan pues también significaría sobrecarga laboral para los docentes.
La crítica es fuerte y fundamentada, “el Distrito tomó las medidas sin consultar con los padres de familia”. Por ello, enviaron un documento a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Personería y al Dile. En todo esto surge un panorama de duda, ya que la actual instalación no tiene más de 8 años.
