Para la ADE y Fecode es absolutamente central defender en este momento una reforma constitucional a los artículos 356 y 357, que establecen las reglas de juego acerca de las transferencias territoriales en Colombia.
Fecode convocó a paro nacional de 48 horas los días 9 y 10 de mayo próximos. Uno de los fundamentos es la crisis en el sector educativo ante la falta de presupuesto en las instituciones educativas para atender situaciones básicas. El resumen concreto es que las entidades territoriales no tienen plata. Ilich Ortiz, profesor universitario, académico e investigador, explicó el detalle el porqué de esta situación.
“La Constitución del 91 descentralizó servicios sociales esenciales y los estableció como derechos fundamentales, como es el caso de la educación. Los delegó, en términos de provisión y responsabilidad directa ante las comunidades, a los municipios, departamentos y entidades territoriales indígenas. El acuerdo es que a nivel local se encargarían de las funciones, siempre y cuando el Gobierno nacional le trasladase el 46.5% de los ingresos corrientes de la Nación”.
“Este propósito y acuerdo constitucional, que quedó sellado en la Ley 60 de 1993, tuvo dos reformas durante los últimos 15 años. (Primera) En el 2001, en el gobierno de Andrés Pastrana, siendo Ministro de Hacienda Juan Manuel Santos, tramitaron una reforma a la Constitución. En esos artículos les quitó dinamismo importante a las transferencias territoriales para financiar la educación pública. Esta reforma tendría vigencia hasta el año 2008 y fue justificada por la crisis económica que implicaba un ajuste a las finanzas públicas”.
“Cuando estaba por cumplirse el periodo de transición y se debía retornar a la fórmula original, en el segundo gobierno de Álvaro Uribe en 2007, con su ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga, tramitaron una nueva reforma constitucional (segunda) que le asestó un golpe mortal a la fórmula de las transferencias y, por ende, a la cantidad de recursos de financiación de la educación, salud, agua potable y saneamiento básico”.
Esta reforma consistió en ampliar el periodo de transición hasta el año 2016. Desde el año siguiente, es decir, el año pasado 2017, se aplica una nueva fórmula de cálculo de los recursos alejada del planteamiento constitucional inicial.
En ese mismo 2017 debía hacerse una nueva reforma. Fecode plantea que debe hacerse por la vía constitucional, pero Santos y su ministro de Hacienda aseguran que presentarán un proyecto al congreso que básicamente distribuye los escasos recursos actuales en los sectores más necesitados, educación, salud, agua potable y saneamiento básico.
“Como resultado de estas dos reformas, el presupuesto para educación nacional perdió 77.5 billones de pesos entre el año 2001 y el año 2017. La participación de las transferencias en los ingresos corrientes de la nación cayó del 46.5% a solamente 26.7%. Esto implicó un proceso de recentralización de los recursos y se dejaron las competencias en mano de los municipios y departamentos sin las herramientas suficientes de carácter financiero para poder cumplir con estas obligaciones”, continúa el profesor Ilich Ortiz.
Esta es la explicación de porqué la educación pública se encuentra actualmente en una profunda crisis, porque no cuenta con los elementos materiales más esenciales para poder llevar a cabo un proceso pedagógico.
“El magisterio se debe movilizar porque el Gobierno de Santos no demuestra voluntad para adelantar una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, que devuelva los recursos que no perciben las entidades territoriales y que representan las deficiencias en temas como transporte, dotación, infraestructura, entre otros aspectos a las instituciones educativas”. Este sería el primer paso para que la educación pueda recuperar los billones perdidos por las reformas constitucionales.
El también asesor de Fecode finaliza, “la invitación es que el magisterio informe a la base, no solo a la base sindical sino a la comunidad educativa, la situación actual de la financiación. En segundo lugar, que establezca diagnósticos y caracterizaciones sobre la situación actual de la financiación en cada uno de sus territorios y escuelas. Y, en tercer lugar, a que a través de su gremio, se articule con otros movimientos sociales para reclamar esta reforma constitucional, porque es un asunto también de la salud, el agua potable y el saneamiento. Una reforma de este talante requiere una movilización ciudadana más allá del sector educativo”.
