Debido a un comunicado publicado por el diario El Espectador, la Unión Sindical Obrera aclaró algunas imprecisiones sobre el supuesto enfrentamiento con comunidades indígenas, respecto a la situación que se vive en La Unión, en Sucre, y Sahagún, Córdoba.

Un grupo al margen de la ley declaró “persona no grata” a la organización sindical. Edwin Castaño, directivo de la USO nacional, explicó “primero que todo hay que aclarar, en el año 2015, la USO hizo partícipe de los acuerdos de El Hobo, que fueron suscritos y firmados por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Minas y Energía, la oficina de Estrategia Territorial de Hidrocarburos, el Ministerio del Interior, en cabeza de la Coordinación Nacional de Conflictividad, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en cabeza de la gerencia de Seguridad, Comunidades y Medioambiente; las comunidades de la zona; las empresas Canacol Energy y su filial Geoproduction Oil and Gas”.

Cuando la organización sindical fue solicitada por parte de los trabajadores y las comunidades, evidenció la radiografía de lo que se vive no solo en Sucre y Córdoba, sino en donde se adelanta el desarrollo minero-energético. Pero en particular, la irresponsabilidad social en ese momento de Canacol con las comunidades, respecto a lo social, lo laboral y lo ambiental.

Los acuerdos comprenden precisamente estos tres ejes. Pasados tres años de la firma, no se registra por parte de las empresas cumplimiento en ni un solo punto de los compromisos. Hoy van adelante gasoductos, estaciones de compresión, actividades de perforación de nuevos pozos, donde la empresa extrae diariamente 130 millones de pies cúbicos de gas.

Por ello, diariamente les pueden representar unos 2.000 millones de pesos, pero no se conduela con la situación social y ambiental que se está viviendo. Al tiempo, tratan de poner a las comunidades indígenas en contra de la organización sindical.

“Hay que hacer la aclaración que nuestros hermanos indígenas son compañeros. Respetamos su libertad, su autonomía, pero de por medio también están otros cabildos indígenas que piden que la organización sindical estén vinculada a la discusión de estos acuerdos, pero también en lo laboral, en lo social y en lo ambiental”, expuso Castaño.

En este panorama, existe un informe de que Canacol se saltó la justicia para permear un cabildo y poder comprar un terreno para perforaciones y plataformas. Por supuesto, es una acción no transparente por parte de la empresa, que para acceder a los terrenos debe pasar por consulta previa.

La USO confirmó que no tiene problemas con las comunidades de la región. En ese sentido, continuará este acompañamiento a trabajadores y comunidades, por la necesidad de que la empresa cumpla con sus compromisos.