La Junta Nacional de Fecode sesionó el pasado miércoles 2 de agosto. El debate se centró en el inminente colapso de la crisis de salud, ante los movimientos extraños que está haciendo el Gobierno por quedarse con este negocio. También salió fecha para la Asamblea General Federal.
“Una de las tareas fundamentales es que vamos a hacer una jornada nacional de protesta en contra de la pésima calidad de los servicios de salud que atenta contra la vida de los educadores y sus familias. En este sentido, estamos en contra de método que utilizará la Fiduprevisora para escoger a los calificadores a dedo para los nuevos prestadores de salud”, manifestó Carlos Rivas, presidente de Fecode.
El proceso de licitación de salud del Magisterio está en un punto crítico. A dos años de su desarrollo se enfrenta al peor escollo de todos. Para definir qué prestadoras se quedarán con el servicio en los nuevos contratos se escoge una firma calificadora. Su labor es analizar la documentación y si los oferentes cumplen con los requisitos en los términos del contrato.
En un principio, el consejo directivo del Fondo de Prestaciones Sociales optó por una firma calificadora llamada D&G. Esta, tras meses de supuesta examinación, determinó que ninguno de los más de 20 prestadores alcanzaban los requisitos. Las prestadoras se quejaron duramente porque las exigencias no eran claras y fueron modificadas en el transcurso. Los medios de comunicación también vapulearon a esta firma por su dudosa trayectoria.
Se comenzó una nueva etapa. Para el segundo arranque del proceso, la Fiduprevisora abrió convocatoria con el fin de conseguir otra firma evaluadora donde nadie se presentó. Quiso meter nuevamente a D&G y Fecode se opuso.
Las objeciones a la oferta fueron por que los estándares exigidos eran excesivos y son pocos los que se le quieren medir a semejante ‘chicharrón’. La norma asegura que si esto sucede la Fiduprevisora es autónoma de escoger la firma.
Por supuesto, Fecode salió al paso y denunció en un comunicado duramente un interés del Gobierno, Fiduprevisora más los ministerios con asiento en el consejo del Fondo, en escoger a dedo las empresas a través de la manipulación de la entidad de calificación. En este escollo se ha quedado el proceso.
Detrás hay 6 billones de pesos que cuesta el total de la licitación. “Vamos a estar atentos a exigirle al Gobierno, a la Procuraduría, a sancionar a quienes no cumplan los servicios de los maestros”, planteó Rivas.
En cuanto a la evaluación de carácter diagnostica formativa. Rivas informó que ante los problemas con la plataforma y los cambios de modalidad en la inscripción, la comisión entre Fecode y el Ministerio en este asunto anunció que la plataforma se habilitará por una semana para corregir los errores.
Así mismo, el presidente de Fecode anotó que estarán “atentos a la política del Gobierno de quitar las primas extralegales a los compañeros en los departamentos. Vamos a adelantar acciones de carácter jurídico y de movilización. También tendremos una conversación la próxima semana con un abogado para trabajar lo relacionado con el retroactivo para los maestros y maestras que ascendieron o se reubicaron por la ECDF del 2016”.
Criticó el recorte de las comisiones sindicales, que “atentan contra el derecho de sindicalización de los educadores”.
El lunes 31 de julio arrancó la primera discusión con el gobierno en el marco del cumplimiento de los acuerdos firmados el 16 de junio, particularmente en cuanto a la reforma del Sistema General de Participaciones. De igual forma, empezó a trabajar la comisión del estatuto único, gobierno y Fecode inicialmente porque el Congreso de la República no ha designado delegados; y la relacionada con las escuelas normales.
La Junta Nacional finalmente definió la fecha de la Asamblea General de Fecode, será los días 25, 26, 27 y 28 de octubre en Medellín.
