Lima, 30 may (PL) La región peruana surandina de Cusco inició hoy un paro preventivo de 24 horas en protesta por el aplazamiento de la construcción de un nuevo aeropuerto y en demanda al gobierno de un plazo para su ejecución.
El cierre de los comercios y escuelas, así como la merma del transporte público, junto a marchas de activistas de la protesta, fueron el rostro de la capital regional del mismo nombre, principal foco de atracción turística del país.
La paralización, convocada por la Federación de Trabajadores y un frente de organizaciones sociales, tiene carácter preventivo, pues si el gobierno no accede a las exigencias planteadas habrá una huelga general por tiempo indefinido.
Las organizaciones sociales y el gobierno regional exigen que se defina la modalidad del proyecto, preferentemente estatal, y sus plazos, luego del fracaso de la opción público-privada mediante un proyecto impugnado por ser excesivamente favorable al consorcio extranjero Kuntur Wasi.
Ese acuerdo fue bloqueado por un informe de la contraloría que cuestionó su legalidad y su conveniencia para los intereses nacionales, lo que a su vez motivó la renuncia, la semana pasada, del ministro de Transportes, Martín Vizcarra, bajo presión de la mayoría parlamentaria derechista del parlamento.
Entretanto, la Fiscalía Anticorrupción abrió una indagación al contralor general, Edgar Alarcón, por pagos irregulares a una funcionaria renunciante de la contraloría que tenía una relación amorosa con el titular.
El dato fue incluido en un reportaje de televisión del domingo último que reveló además que el contralor, cuando era gerente del organismo que ahora encabeza, hizo con su familia negocios de compra-venta de autos de lujo, pese a que la ley le prohibía actividades privadas lucrativas.
El reportaje fue para muchos una represalia de intereses afectados por el bloqueo del contrato con Kuntur Wasi y por el precedente establecido, de que la contraloría puede vetar contratos con privados.
El gobierno ha optado por el cuestionado esquema de asociaciones público-privadas, fracasado en Cusco, para la reconstrucción de las zonas devastadas por las grandes lluvias de meses recientes, que demandará al menos seis mil 800 millones de dólares.
Alarcón se niega a renunciar y es defendido por la bancada derechista Fuerza Popular (FP), mayoritaria del Congreso, única instancia que puede destituirlo y que mantuvo sin difusión la denuncia original del negocio privado de Alarcón desde que fue presentada, en agosto de 2016, en el contexto de un complejo tejido de intereses políticos.
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