Panamá, 11 may (PL) Estudiantes, administrativos y profesores de la Universidad de Panamá (UP) protagonizaron hoy una marcha hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir el debido respeto y cumplimiento de la autonomía universitaria.

El rector de la casa pública de Altos Estudios en el país, Eduardo Flores, se refirió al cuestionamiento hecho por la Procuraduría, que en su descargo a propósito de una demanda interpuesta por la Contraloría ante la CSJ señaló que el estatuto de la UP no está por encima de cualquier norma externa del centro.

Criterio que el docente calificó de peligroso porque este documento refleja 'el desarrollo de nuestra ley', al punto que cuando se realiza una modificación al estatuto, para poderla hacer válida debe publicarse en Gaceta Oficial.

'Este planteamiento de la Procuraduría significa la destrucción de la autonomía universitaria, conquistada en 1946, porque en el estatuto es donde desarrollamos la carrera docente y administrativa, normamos el ingreso y la permanencia de nuestros funcionarios, además de establecer la libertad de cátedra y de pensamiento', apuntó.

Flores recordó que en el país solo hay dos instituciones que tienen autonomía constitucional: la Autoridad del Canal de Panamá y la Universidad de Panamá.

'Nosotros debemos presentar con fuerza y firmeza nuestros argumentos de por qué la opinión de la Procuraduría es errada, además de emitir nuestra posición de repudio, antes que la CSJ emita su fallo', afirmó al explicar los motivos de la marcha.

Según el rector del octogenario centro docente, la acción fue en rechazo a la opinión emitida por el procurador general de la Administración, Rigoberto González, dentro de la demanda administrativa interpuesta para declarar nulo, por ilegal, el artículo del estatuto de la UP que estableció las bonificaciones para los académicos y el incremento salarial avalado en 2016.

De acuerdo con González, el Consejo General Universitario 'ejerció de manera errada' la potestad reglamentaria, al aumentar de 10 a 15 meses la bonificación por antigüedad, considerando el promedio de los cinco mejores años de salarios, que recibe un académico al retirarse a los 75 años de edad.

'Nuestro país no se puede permitir un precedente violatorio de la autonomía de la Universidad de Panamá, como el pretendido por la demanda de la Contraloría y la opinión del Procurador de la Administración.

'Muy por el contrario, debemos convocarnos a destacar y reflexionar sobre la trascendencia histórica de la autonomía en el desarrollo de nuestras universidades estatales y el país', refiere la misiva entregada este jueves por Flores ante la CSJ.

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