México, 16 feb (PL) Activistas de derechos humanos y académicos alertaron hoy del peligro de militarizar la seguridad pública de aprobarse una ley que está en manos del Congreso mexicano.
En rueda de prensa advirtieron que 'la Ley de Seguridad Interior representa una afrenta a las recomendaciones que diversos organismos internacionales han dado a México'.
Afirman que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en la última década resultó 'riesgoso para la población y poco efectivo para lograr la reducción de la violencia' desencadenada desde la implementación de la estrategia contra el narcotráfico.
Destacaron que existe evidencia de 'graves casos de tortura, detenciones arbitrarias, desapariciones y ejecuciones a manos de militares', por lo que esos factores deben ser tomados en cuenta antes de aprobar una ley que a todas luces es contraria a la Constitución y a la legislación internacional en materia de derechos humanos.
Alejandro Madrazo, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), sostuvo que después de diez años 'la militarización ha sido la política pública' aplicada a la seguridad nacional.
El investigador destacó que de acuerdo con análisis sobre el despliegue militar durante la gestión del presidente Felipe Calderón, del 2006 al 2011, la aplicación de operativos conjuntos significó un incremento de la violencia y una demostración de la letalidad de las fuerzas armadas.
Señaló que a escala municipal se registró durante ese periodo 'una explosión de los homicidios'.
Entre los riesgos de aprobar dicha ley destaca la invasión de competencias del fuero civil por la militar, sobre todo en lo que compete a la procuración de justicia, alertó el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara.
Al respecto, Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), hizo un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a interponer un juicio de inconstitucionalidad, como ya lo hizo en la reforma al Código de Justicia Militar.
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