Brasilia, 13 feb (PL) La huelga de los policías militares que generó una ola de violencia en el estado brasileño de Espirito Santo, trajo al presente un añejo problema que, arrinconado por el Gobierno, mostró nuevamente su vigencia.
El paro de ese cuerpo armado, garante de la seguridad pública, comenzó el pasado día 3 cuando familiares de los policías, sobre todo sus esposas, se concentraron en el municipio de Serra para exigir un aumento salarial, el pago de los beneficios, y mejores condiciones de trabajo.
Las protestas se extendieron a otros batallones durante el fin de semana y, según la Asociación de Cabos y Soldados de la Policía Militar y Bomberos Militares de Espirito Santo, afectaron a todos los cuarteles del estado.
Según datos oficiales, la Policía Militar estadual no tuvo en cuatro años un aumento salarial y su salario base de dos mil 900 reales mensuales (unos 875 euros) es uno de los más bajos del país.
Durante 10 días las calles del estado del sudeste brasileño, y en especial su capital, la ciudad de Vitoria, fueron tomadas por la violencia que dejó más de 130 víctimas fatales.
Asaltos callejeros a mano armada, saqueos de comercios y tiendas, tiroteos, numerosos robos de autos, la paralización de las actividades fundamentales del estado, entre otros hechos, caracterizaron la jornada que precisó el uso de dos mil efectivos de las Fuerzas Armadas, enviados por el Gobierno Federal.
El sábado, los huelguistas se negaron a retornar al trabajo, lo que aumentó la tensión entre la población y la preocupación en el Gobierno, que acusó el viernes a 703 agentes del 'delito de revuelta'.
En caso de ser condenados, los policías pueden recibir sentencias entre ocho y 20 años de cárcel en presidios militares.
Una semana después del comienzo de la crisis, el presidente Michel Temer expresó en un comunicado que la protesta era ilegal e inaceptable.
En tanto, Antonio Imbassahy, ministro de la Secretaría de Gobierno, manifestó que el Palacio de Planalto movilizará su base aliada en el Congreso para vetar cualquier intento de amnistía a los policías acusados.
La situación de Espirito Santo se expandió a Río de Janeiro donde 29 cuarteles fueron bloqueados y hubo necesidad de utilizar helicópteros para transportar a los policías que no se acogieron al paro, a sus lugares de trabajo.
El domingo, cinco días después de que los efectivos de las Fuerzas Armadas fueron enviados a Espito Santo, el ministro de Defensa, Raúl Jungmann, consideró que 'la ley y el orden han sido restaurados' en todo el estado, a pesar de que muchos policías militares aún se mantenían en huelga.
La normalidad reina este lunes en las calles de Espirito Santo con el reinicio de varias de las actividades fundamentales del estado, el comienzo de las clases en la red estatal de escuelas -el inició del curso escolar tendrá lugar mañana-, y la atención de urgencia y emergencia en los hospitales, además se reanudará la jornada laboral de los funcionarios públicos.
En el área metropolitana de Victoria, la capital de Espirito Santo, el sistema de autobuses volverá a operar, junto a la apertura de los parques municipales.
La víspera, la secretaría de Seguridad Pública del estado acotó que mil 236 policías militares regresaron a patrullar las calles.
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