{image}http://eldia.co/images/stories/091211/04.jpg{/image}Se inicia el proceso de negociación por el salario mínimo entre las Centrales Obreras, los empresarios y el Gobierno. Una negociación de capa caída dado que no ha significado bienestar para los trabajadores, ni disminución de la pobreza del pueblo colombiano, ni ha sido negociación. El Gobierno ha representado los intereses de los ciudadanos  empresarios y adinerados de este país, que son un grupo minoritario de la población, no a sus electores. Así la correlación de fuerzas es de dos (Gobierno y empresarios) a uno (los trabajadores). Finalmente, el Gobierno dice “yo mando”, fija y decreta el salario mínimo.

La mal llamada negociación se da en el mes de diciembre, fecha en que toda la población colombiana esta entretenida en las festividades de fin de año y existe en los trabajadores una falsa percepción de bienestar por el pago de primas y otros y por la parranda propia de nuestra idiosincrasia. No estamos acostumbrados a protestar en estas fechas y quienes lo hacen quedan solos en medio del festín en curso.

Los medios de comunicación, propiedad de los empresarios, apoyados por los economistas de la corriente tradicional y algunos pagados por el sistema, en primeras planas manifiestan que los aumentos salariales son inflacionarios y con ello tratan de ganar la opinión pública con la idea intrínseca que manteniendo la pobreza e ingresos bajos, es la única manera de mantener la inflación baja.

Igualmente, los informes y declaraciones del Banco de la República mantienen esta tesis, sustentados en el alza de los costos empresariales que se producen, en la necesidad de exportar y ser competitivos internacionalmente en un país que sus líderes lo define como un país de exportadores. En parte tiene la razón, si se analiza en el actual contexto de la mentalidad empresarial y de la anterior definición de nación.

La mentalidad empresarial evidencia en los anteriores años, que cuando suben el salario mínimo los precios de los productos se incrementan, algunas veces no en la misma proporción del aumento salarial y algunos empresarios aprovechan el hecho para aumentar sus tasas de ganancias, son pocos los que no lo hacen. El Gobierno y las empresas de servicios públicos hacen lo propio. Por su pensamiento no pasa la auto-regulación, entendida como congelar los precios si los aumentos no son representativos en sus efectos o en sus ganancias. Además, hay una situación perversa, puesto que hay una gran cantidad de sanciones pecuniarias al ciudadano amarradas al salario mínimo como las multas por infracciones viales y las judiciales, entre otras.  Estas deberían establecerse en una unidad que conlleve responsabilidad del Gobierno de turno, podría ser la unidad de valor tributario, UVT.

El definirse como país de exportadores significa que lo que producimos se lo vendemos a mercados externos y no al mercado interno, para ese producto poco efecto tiene la interacción entre la oferta y la demanda, el salario de los trabajadores es un costo que disminuye las ganancias del exportador, este no se afecta por los bajos ingresos de sus trabajadores como consumidores pues estos no consumen el producto que producen. Es decir, así definidos, los empresarios poco se afectan cuando los trabajadores tienen bajos ingresos, ellos dependen de los ingresos de las gentes de los países a los cuales le vendemos, además favorecidos por la tasa de cambio, que por política el gobierno busca mantenerla en un valor que favorezca las exportaciones, que es una especie de subsidio que favorece a los exportadores.

Me asiste la inquietud si el gobierno trabaja para el fortalecimiento del mercado interno y por ende de la economía nacional. Con el esquema anteriormente mencionado ésta pasa a segundo plano y por ende la dinámica que se presenta entre la oferta y la demanda, la afectación mutua entre el consumidor (sus ingresos) y el productor (su inversión) que se da en una economía de mercado, se ve reducida, con las consecuencias negativas para el bienestar del conjunto de la sociedad, quien se benefician es el grupo reducido de empresarios exportadores.

Así el aumento del salario mínimo, de por sí complejo en teoría, debe obedecer no sólo a sus efectos sobre la inflación sino a la política del gobierno hacia el bienestar de los trabajadores y de los ciudadanos en general, de disminución de la pobreza, del fortalecimiento del mercado interno y de la economía nacional y por ende de la independencia como nación. Las políticas desarrolladas por el presidente Lula en Brasil es quizás un ejemplo de esta perspectiva, los incrementos salariales no fueron señalados como inflacionarios y la economía de Brasil se estabilizó y creció.