{image}http://eldia.co/images/stories/221111/03.jpg{/image}—Temen sin embargo que la medida se quede en el mero anuncio—
Las federaciones sindicales del sector estatal calificaron como positivo y se declararon expectantes ante el anuncio de Ministro de Trabajo , Rafael Pardo, en el sentido de que el Gobierno iniciará un plan para eliminar las nóminas paralelas en todas las entidades estales, tanto a nivel central como en alcaldías y gobernaciones.
El pasado fin de semana el Ministro Pardo anunció que los funcionarios estatales vinculados por las diferentes formas de contratación tercerizada (órdenes de prestación de servicios, agencias de empleos temporal, cooperativas de trabajo asociado, contratos por outsourcing) se integren a la nómina oficial, para lo cual el Gobierno se apresta a fijar una política de eliminación de las nóminas paralelas. Declaró asimismo el Ministro que en adelante la contratación de personal provisional en las entidades públicas sea sólo para funciones puntuales y específicas, plenamente justificadas, y no sea una actitud permanente y continua de contratación de personal.
Se trata, en primer término, de un acto de justicia con los miles de trabajadores que llevan años vinculados con contratos a corto plazo, que se van renovando periódicamente sin la garantía de estabilidad y sin las debidas condiciones salariales y laborales, y por lo mismo afectando su derecho a organizarse en sindicatos. Pero también es un acto de acatamiento de la Sentencia 614 de la Corte Constitucional del 2009, que ordena que las actividades misionales de las entidades estatales las desempeñen funcionarios de planta, no tercerizados.
No hay un dato cierto sobre cuántos trabajadores y trabajadoras estatales hay en el país en condiciones de tercerización. Se calcula que son por lo menos 600 mil, por lo cual, si el Gobierno cumple lo anunciado, su impacto será gigantesco. Sólo en Bogotá la contratación temporal afecta al 55% de los funcionarios estatales.
Precisamente esa será la primera medida que, según el Ministro Pardo, tomará el Gobierno: que en el corto plazo las entidades públicas nacionales, departamentales y municipales reporten cuántos empleados tienen en nóminas paralelas, para así comenzar a desmontarlas. La utilización de estas nóminas, en muchos casos, tiene objetivos clientelistas por parte de los políticos.
Existe ya el marco legal que permite la vinculación de personal a las nóminas de los entes estatales. El Artículo 255 de la Ley 1450 (Plan Nacional de Desarrollo) suspendió por dos años la prohibición establecida por el Artículo 92 de la Ley 617 del 2000 para las entidades públicas nacionales sobre incremento presupuestal para personal, norma que permitirá aumentar el gasto para atender las nuevas obligaciones derivadas del desmonte de las nóminas paralelas.
Esta Agencia de Información consultó la opinión que sobre el anuncio del gobierno tienen los dirigentes de las federaciones de sindicales estatales de la CGC, CUT y CTC.
Opinión de Percy Oyola, presidente de Utradec (CGT)
“El anuncio lo vemos importante, pero esperamos saber cuáles serán las medidas que al respecto va a tomar el gobierno, y su poder vinculante, porque no basta una circular. Es un tema que tiene que ver con política fiscal, implica ampliar plantas de personal, tener estudios técnicos de cargas de trabajo y la proporcionalidad de la ampliación de las plantas, y eso no se resuelve de un día para otro, tiene que ser gradual. También hay que saber si el Ministro de Hacienda está dispuesto a facilitar los recursos que se requieren; y si va a involucrar a los funcionarios de entidades del nivel territorial, alcaldías y gobernaciones”.
“De tal manera que es una buena noticia, pero como del dicho al hecho hay mucho trecho, quisiéramos discutir con el Gobierno cómo se va a implementar la medida. La CGT tiene propuestas, pero no existen escenarios de diálogo dónde poderlas presentar. Vamos a ver si podernos dar la discusión en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales, o convocar la subcomisión del sector público, porque ese tema está incluido en el pliego de peticiones unificado que presentamos las federaciones de sindicatos estatales en diciembre del año pasado”.
A la pregunta sobre si es procedente esta medida cuando aún el gobierno no ha expedido el decreto que admite la negociación colectiva en el sector público, Percy Oyola señaló:
“Preferíamos que en su orden fuera la negociación colectiva primero, y a partir de ésta discutiéramos lo relacionado con la ampliación de las plantas de personal, el cumplimiento de la Sentencia C-614 y de la reducción de la tercerización en el sector público”.
Carlos Castañeda, presidente de Sunet (CUT)
“No nos toma de sorpresa el anuncio, porque con la creación del Ministerio de Trabajo y la designación del Ministro, la formalización laboral en el sector estatal adquiere carácter de urgencia. Es además un tema sobre el que el sindicalismo ha insistido mucho. Lo primero que el gobierno debe hacer es inventariar cómo está la tercerización en el sector público, y con esa información a la mano adelantar un proceso de diálogo con las organizaciones sindicales, para determinar cuál es el mecanismo en cada entidad y cómo se va a resolver el tema presupuestal. Nos parece inconveniente dejar todo el tema en manos del gobierno, de manera unilateral, desconociendo la existencia de las organizaciones sindicales estatales”.
“Yo creería que el tema de la negociación colectiva en el sector estatal, aparentemente menos complicado, le resulta más complejo al gobierno. El tema de las plantas de personal surge precisamente de la negociación colectiva, tener ésta significa poder discutir todos los demás temas. Pero al gobierno le queda más fácil resolver una cusa puntual, que poner en nuestras manos la forma de resolver todos los asuntos de una manera estructural”.
“Lo otro es que en principio el anuncio del Gobierno parecería indicar que el desmonte de las nóminas paralelas se va a hacer en entidades del orden nacional, no queda muy claro cómo va a ser en entidades del orden territorial. Por eso es necesario que el gobierno discuta con nosotros ese punto. Estamos a la espera de que se cite la comisión sectorial del sector público para discutir lo del decreto de negociación colectiva y la formalización laboral en el sector público, pero no hemos sido llamados”.
Jorge Peña, presidente de Fenacer (CTC)
“El anuncio lo recibimos con interés. Pero lo que pasa es que ya estamos acostumbrados a que una cosa es lo que dice el Gobierno en el discurso, y otra lo que hace en la realidad. Hoy lo concreto es que la tercerización no ha disminuido en nada. Esperemos que ese anuncio se concrete en acciones reales, en un verdadero documento. La sentencia C-614 de la Corte Constitucional dice que en el sector público no debe haber funcionarios tercerizados, pero ya han pasado casi dos años y esta sentencia no se ha cumplido en ningún ente del Estado. Si le da cumplimiento, nos daríamos por bien servidos. Esperamos que con el nombramiento del nuevo Ministro de Trabajo, que en la campaña presidencial dijo que iba a acabar con la tercerización, se pueda avanzar, si no para acabar con la tercerización en el sector estatal, si por lo menos para disminuirla. Esa es la expectativa”.
“Nos llama la atención la invitación al diálogo que hace el Ministro. Dijo que iba a abrir una mesa de concertación para revisar estos temas. Ojalá que la abra rapidito y que en la medida en que nos reunamos podamos ir concretando cosas, hechos reales”.
