En esta coyuntura pre constituyente, sale a la palestra una realidad que aún no se discute en la mesa de La Habana: La Paz cuesta y no es sólo silenciar los fusiles, sino una mayor presencia del Estado con inversión en desarrollo social y en infraestructuras en los territorios de conflicto. Sin embargo, en una táctica de consensos, para poder avanzar, el modelo de desarrollo económico del país, no se discute en el proceso de Paz.
Es claro que se requiere una gran bolsa para pagar las raíces del conflicto, sin embargo, la actual coyuntura de crisis económica en el país, no nos ofrece muchas alternativas. El año pasado, según cifras oficiales, la inflación estuvo en 6.7%, el país creció a un 2.9% con un déficit en la balanza de pagos de 6%, con caída en un 70% de los precios del barril del petróleo, devaluación del peso frente al dólar, aunado a los efectos del cambio climático, que han generado en su conjunto, alzas en los precios de la canasta familiar, estampida del capital golondrino especulador, de la demás inversión extranjera directa y de la entrada de divisas.
Estos choques, por la reducción del ingreso nacional, han producido graves efectos fiscales, aumento de tasas de interés y de las primas de riesgo para la deuda externa, lo que conllevará, por nuestra fuerte dependencia al precio del petróleo, a que se transmita a los ciudadanos de a pie, a través de una reforma tributaria, las consecuencias de la crisis que se avecina y, al final de cuentas, demandará una fuerte disciplina y austeridad fiscal.
En ese marco, se anuncia que el acuerdo de Paz que ponga fin al conflicto armado entre el Gobierno y las FARC, se suscribirá en el próximo mes de marzo e iniciará el periodo de refrendación de los puntos acordados en la mesa. Para la eficacia de la implementación de estos acuerdos por un nuevo país en Paz y empezar a construir colectivamente la reconciliación, se claman cambios estructurales en nuestra sociedad. Cada punto demandará una gran bolsa. Así se prevea que la sola firma del acuerdo implicará crecer cerca de 2.5 del PIB, será volver al 4.3% de hace un par de años.
La arquitectura institucional para la Paz que es necesario establecer en el país, parte de un nuevo orden normativo, de justicia social, equidad y libertad política, que se deberá concertar como un proyecto colectivo. Todas estas decisiones, con voluntad política, demandan una gran inversión. La gente necesita unas propuestas concretas de transformación, que generen esperanza en las mayorías sobre el escenario del país en Paz. La expectativa que va a generar la firma de los acuerdos de Paz no es sólo que se termine la guerra, sino en qué va a cambiar el país.
La Paz cuesta, es un compromiso de todas y todos. En ese sentido, nos corresponde aportar, con equilibrio y proporcionalidad. Todos ponen, pero unos más que otros y desde sus posibilidades. Para esto es clave, entre otras ejemplos, una reforma a la distribución de las regalías, un tributo que provenga de actuales exenciones y beneficios tributarios al gran capital, y, ojalá, una ley de alternatividad penal para el desmonte del paramilitarismo que implique, previa colaboración con la justicia, rebajas de penas a cambio de entrega de capital ilícito, destinadas todas estas bolsas a financiar las reformas fundamentales.
La verdad, la justicia, la reparación integral y la garantía de no repetición; la reforma agraria, al sistema electoral y a la justicia; la seguridad social de las víctimas y ex combatientes; su vivienda, empleo digno, emprendimiento e inclusión productiva, educación, salud y saneamiento básico y demás accesos a derechos y a garantías ciudadanas; la conectividad y desarrollo de las zonas de conflicto; en fin, todo esto cuesta. Eso lo sabe el gobierno nacional y la insurgencia.
La pregunta acá, sigue en caliente, con los anuncios de fondos para el Postconflicto y de un nuevo Plan Paz Colombia, en esta coyuntura crítica, señor Presidente y sus Ministros de Hacienda, Ministro consejero para el Posconflicto y demás miembros de la mesa de negociación: ¿La Paz es financiable?
Santa Marta, DTCH, 8 de febrero de 2015.
