{image}http://lh4.googleusercontent.com/--NlG4Qkuw5Q/Us3FkJJqREI/AAAAAAAAEzY/zE5SmO3tq_Q/s800/yesid_camacho.jpg{/image}La situación del hospital Federico Lleras de Ibagué sigue muy crítica. El problema es que el gobierno nacional intervino el hospital, pero se niega a inyectarle los recursos necesarios para salvar a este centro de salud acabado por la corrupción y las deudas de las EPS.

En un reciente comunicado el Ministerio de Hacienda, a través de la encargada Ana Lucía Villa, manifestó que el gobierno nacional no aportará recursos para esta entidad y que ese es un problema del departamento.

El departamento está haciendo un esfuerzo, el gobernador presentó a la asamblea un proyecto de ordenanza por 40 mil millones de pesos. Sin embargo, ese monto no alcanza para cubrir ni siquiera el 50% del déficit del hospital, que está calculado en 120 mil millones de pesos y creciendo.

Para colmo de males, a finales del mes de agostosacaron a más de 900 trabajadores. Los que están por fuera, porque solamente se han logrado revincular a 200 de ellos, están demandado a la entidad por efectos laborales de contratos por hasta 15 años, lo que agregaría unos 80 mil millones de pesos al déficit.

“No le vemos en las actuales condiciones salidas a la crisis.Si el gobierno nacional no hace un esfuerzo por ayudar a pagar las deudas, a cubrir lo de las EPS que se liquidaron o, por lo menos, lo de las intervenidas y las estatales, el hospital no tendrá ningún futuro. Entonces, el gobierno nacional será el único responsable de la liquidación del Federico Lleras”, señaló Yesid Camacho, fiscal de Anthoc nacional.

Para entender la magnitud del problema basta con un ejemplo. El servicio de gineco-obstetricia está cerrado. El Federico Lleras es el único hospital de referencia de tercer y cuarto nivel del Tolima. Entonces, no hay quien atienda embarazos de alto riesgoen todo el departamento para la población más humilde. 

Como medida de salvación, Anthoc nacional está preparando una serie de demandas. También ha sostenido varias reuniones, entre ellas, una el viernes pasado con la dirección territorial del Ministerio del Trabajo. La semana entrante ha programado una nueva reunión con los delegados nacionales de ese ministerio.

De igual forma, sentó su firme oposición a la idea del interventor de la Supersalud que está planteado entregar algunas áreas del hospital a particulares, como farmacia y facturación; lo que además de la liquidación representaría otro riesgo: la privatización.