El 2090 define las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y dicta las normativas en este respecto; pero expira el 31 de diciembre de este año. Por este motivo diferentes organizaciones sindicales analizan las circunstancias por estos días en el Seminario Nacional de Riesgos Laborales en la USO. Además, se ha nombrado una comisión de salud intersindical con el objetivo de trabajar por la prolongación del decreto.
Es un trabajo que viene desde enero, con la realización de varios foros; unos en el Caribe y otros en la región Andina. Las organizaciones aspiran a determinar qué otras actividades de la industria son perjudiciales para la vida humana y establecerlas por ley como riesgos laborales, para así proteger la vida y los derechos de los trabajados.
“El decreto 2090 nos da unos derechos y tenemos que seguir luchando por ellos. Cabe decir también que allí aparecen unas actividades que están reconocidas pero los empleadores no están aportando lo que exige la normatividad, que es el 10% para la pensión de alto riesgo”, indicó Fredy Fernández, secretario de Salud de Sintracarbón.
