Ecopetrol debe responder por la seguridad de los dirigentes sindicales
En los casos que aún tienen protección, la UPN niega el pago de peajes, el suministro de combustibles, la cancelación de viáticos y pasajes para los escoltas. La razón que aduce es que como no les han hecho un atentado a estos dirigentes, sus vidas no corren peligro. Desconociendo el inminente riesgo que a diario enfrentan los líderes sindicales en Colombia, sobre todo, tras esa campaña del mismo Estado que equipara sindicalismo con guerrilla.
En el caso de la USO, su dirigencia está cobijada con medidas cautelares determinadas por la Comisión Interamericana de Derechos humanos debido a los secuestros, homicidios, atentados y persecuciones de los que han sido víctimas.
Al respecto, José Marín Moreno, secretario de Comunicaciones de la USO nacional, afirma “El Estado colombiano debe garantizarnos a nosotros la seguridad porque es el derecho a la vida. Ecopetrol tiene que asumir la responsabilidad presupuestal para que podamos realizar el ejercicio constitucional de la actividad sindical”.
Hasta ahora la posición de Ecopetrol es que este es un problema de Estado. Omite que el conflicto armado que se libra en este país se ha concentrado en los últimos años en los campos de producción petrolera donde los líderes de la USO ejercen su actividad. “Nos tocará seguir denunciando esto ante la CIDH porque ni el Estado colombiano ni Ecopetrol quieren asumir nuestro derecho a la vida”, subraya Marín Moreno.
