Peligro en Bogotá: Santos resucitará la mafia de los colegios en concesión
El Concejal Celio Nieves explicó detalladamente esta problemática. La política de los colegios en concesión inició por un convenio firmado en 1999 bajo la alcaldía de Enrique Peñalosa en Bogotá, con Cecilia María Vélez como Secretaria de Educación. Determinaron que hacia un supuesto mejoramiento de la calidad de la educación, después de invertir el presupuesto del Distrito en la construcción de unos 25 colegios, estos se entregarían a la administración y gestión de establecimientos privados, de manera individual o con alianzas educativas. Cafam, Colsubsidio, Don Bosco, Nuevo Retiro, alianzas con el Gimnasio Moderno, Calasanz, Fundación La Salle y la Unión Temporal entre el Bartolomé y el Fe y Alegría son algunos de ellos.
Un millón 800 mil pesos cuesta un estudiante concesionado y en el país se estimanunos 73 mil estudiantes bajo este modelo. Por lo cual, es un negocio muy lucrativo donde el Estado beneficia directamente a los particulares. El valor por alumno matriculado surge de una canasta educativa que comprende el salario de los maestros, la alimentación de los estudiantes, la seguridad, el cuidado, útiles escolares. Los recursos son de orden nacional y se manejan a través del Sistema General de Participaciones, según lo contemplado en la Constitución y en la Ley 715.
Además, ellos son los responsables mediante los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de la nómina docente, de los directivos y administrativos. Investigaciones han demostrado que más de uno de estos concesionados inflan las cifras con “estudiantes fantasmas”, pagan sueldos muy bajos a los docentes y como no tienen responsabilidad del mantenimiento de los establecimientos, se libran de una serie de egresos.
La Secretaría Distrital de Educación tiene la obligación del control y la vigilancia de las instituciones educativas tanto públicas como privadas. Para este caso, previas evaluaciones deben definir si su funcionamiento está en el marco de lo convenido o no. Obligación que sólo se cumplió hasta la llegada de Petro a la Alcaldía.
“Estos colegios, junto con sus estudiantes matriculados, deben pasar en el mismo tiempo a la administración a la Secretaría de Educación, que es a quien le corresponde ofrecer, desde el punto de vista constitucional y legal, la educación a los niños y jóvenes”, puntualiza el concejal Nieves.Además, la calidad de los educadores ha demostrado que el sistema público puede sostener esos colegios.
La ADE buscaba que estos contratos no se extiendan. La Alcaldía de Gustavo Petro había dado una respuesta positiva y se había comprometido a finalizarlos, para que todos estos colegios, alrededor de los cuales se ha formado una mafia, volvieran al Distrito junto a los 350 colegios públicos de la capital.Sin embargo, el presidente Santos hablaba en el lanzamiento de su “plan de choque” para Bogotá sobre la reactivación de los convenios. Sólo el Alcalde Mayor debe tomar esa decisión y el último plazo para su finalización es el 31 de diciembre del presente año. ¿Cuánto tiempo pensará quedarse Pardo como encargado?
